El planeta alberga siete mares, que reciben su nombre según la región donde se encuentran: Atlántico Norte, Atlántico Sur, Ártico, Austral, Índico, Pacífico Norte y Pacífico Sur. Dada su vasta extensión, surgen dificultades en su delimitación, lo que ha llevado a algunos países a presentar sus casos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un ejemplo de ello es Colombia, que mantiene diferendos limítrofes con Nicaragua.

Desde 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar estableció un marco normativo para el uso adecuado de los océanos. Los países reciben asistencia jurídica a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, en concreto desde la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS).

El Derecho del Mar se compone de acuerdos internacionales, costumbres y tratados mediante los cuales los Estados se comprometen a gestionar los océanos de manera ordenada y pacífica. Este marco también define los límites del mar territorial y las aguas interiores.

Entre los problemas más frecuentes, además de los diferendos limítrofes, destaca la pesca ilegal. En este contexto, las embarcaciones pesqueras chinas son las más señaladas por operar en aguas jurisdiccionales de otros países, aunque no siempre se dispone de datos claros que permitan determinar la magnitud exacta de estas incursiones. El Derecho del Mar concede a cada país hasta 12 millas náuticas como mar territorial, y hasta 200 millas como zona económica exclusiva, donde cada Estado tiene derechos de explotación y protección.

A lo largo de la historia, la navegación ha sido escenario de batallas, conquistas y la expansión de reinos. Muchas de estas rutas se convirtieron en vías comerciales, dando origen a las actuales rutas marítimas.

Sin embargo, la protección del mar enfrenta múltiples desafíos. ¿Quién defiende los océanos de la acidificación, la pesca ilegal, los residuos plásticos, los contaminantes solubles y otros vertidos nocivos? En el ámbito de la pesca ilegal, se ha avanzado con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que busca combatir la pesca no reglamentada y no declarada. Varios países han firmado convenios en este sentido.

Por otro lado, el problema de los residuos plásticos crece sin control. Las corrientes marinas han formado enormes islas de plástico, que constituyen una grave amenaza para la fauna y flora marina. Además, los desastres ambientales, como incendios o encallamientos de buques y la pérdida de contenedores en alta mar, generan un impacto devastador en los ecosistemas, cuyo daño es difícil de calcular.

La seguridad en la navegación también se ha vuelto una preocupación creciente, debido al aumento de la piratería en diversas zonas marítimas. A esto se suman las pruebas nucleares, el lanzamiento de misiles y las maniobras militares coordinadas entre naciones aliadas, que convierten los mares en territorios sensibles que requieren una adecuada gestión jurídica.

Ese punto azul en el firmamento está cada vez más amenazado por el desarrollo descontrolado de las naciones y su mala gestión de los recursos marinos. Es crucial que el Derecho del Mar se convierta en una herramienta eficaz para la protección y el uso sostenible de los océanos.